El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

·         Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley.

·         De la cuestión de inconstitucionalidad sobre normas con rango de ley.

·         Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el art. 53.2 CE.

·         De los conflictos de competencia entre el Estado y la Comunidades Autónomas, o de éstas entre sí. 

·         De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado (Congreso, Senado, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial).  .

·         De la declaración sobre la constitucionalidad de los Tratados internacionales

·         De la impugnación por el Estado de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas.

·         De los conflictos en defensa de la autonomía local.

·         De las demás materias que le atribuyan las Leyes Orgánicas

Están legitimados:

a)     Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

b)     Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

c)      Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

1.3. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS

Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» con los votos particulares, si los hubiere.

Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.

Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.